Esa mañana, debía comparecer ante el juez Harlan sobre una cuestión de procedimiento restringida relativa al acceso público a una audiencia. Mi cliente, Evelyn Parker, era una mujer discreta de unos sesenta años que había estado tratando durante meses de impugnar una orden que creía que se había emitido sin previo aviso. La controversia sustancial era ordinaria. La forma en que la habitación había comenzado a tratarla no lo era.
En la audiencia anterior, el juez Harlan había expulsado a varios espectadores después de que habían preguntado por qué partes de los procedimientos se estaban llevando a cabo a puerta cerrada. También advirtió a Evelyn que continuar pidiendo una revisión pública del caso podría resultar en sanciones. Cuando pedí la base escrita para estas restricciones, su oficina no proporcionó ninguna referencia. En cambio, recibí una breve comunicación de que las decisiones administrativas del tribunal no estaban abiertas a la discusión.
